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Esta madrugada culminó el Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional acordado desde septiembre de 2017 entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional -ELN- . Mientras el ELN afirmaba esta mañana que “están convencidos de la necesidad de un cese el fuego bilateral, pero aclara que no será una prórroga. Que tiene que ser uno nuevo, con otras condiciones”; el Presidente Juan Manuel Santos ordenó la suspensión de las negociaciones.

Ambas partes habían declarado que iniciarían el Quinto Ciclo de Diálogos en Quito, Ecuador este lunes 8 de enero. Ahí evaluarían la posible continuación del Cese al Fuego analizando lo positivo y negativo de ese período de bajar las armas. Sin embargo, el inicio de dicho Ciclo se postergó y el Gobierno ahora se levanta de la mesa sintiéndose ofendido porque una organización en guerra actúa como una organización en guerra.

En trasmisión televisiva, Santos afirmó hoy que “El Gobierno Nacional deplora la decisión del ELN de reanudar sus ataques terroristas contra la población civil, las Fuerzas Armadas y la infraestructura. El Gobierno Nacional estuvo siempre dispuesto a prorrogar el cese al fuego con esa organización y negocia uno nuevo. Así se lo hicimos saber desde hace varias semanas y lo reiteramos en los últimos días, para responder afirmativamente ante la solicitud de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas, los países amigos y centenares de organizaciones de la sociedad civil”.

Cabe señalar que en un informe elaborado por más de 75 organizaciones defensoras de derechos humanos que realizaron veeduría al cumplimiento al Cese al Fuego, señala que durante el período comprendido entre el 1 de octubre (día de inicio del Cese) y el 20 de noviembre de 2017 se incrementó la violencia contra la población civil y los líderes y lideresas sociales.

Durante dicho período se presentaron 299 víctimas individuales (de los cuales 45 fueron homicidios, 96 personas heridas, 35 víctimas de amenazas individuales y 25 colectivos amenazados). En cuanto a los agresores, se afirmó en la investigación que el Estado tuvo la presunta responsabilidad en el 73% de las víctimas, autores desconocidos en el 17% de los casos, paramilitares en el 8% y el ELN en el 1%.

La publicación de este informe dejó por fuera (por desfases de tiempo) hechos como los sucedidos el 27 de noviembre en Magüí Payán, Nariño, el cual habría variado un poco las cifras. Pero, sin dudas, el Gobierno no cumplió durante el período pactado el objetivo fundamental del Cese acordado: garantizar condiciones humanitarias en las comunidades que hicieran factible la participación de las mismas en la construcción de Paz. Por solo señalar un dato, en el mes de diciembre fue asesinado un líder social cada 3 días.

La Agenda de las Negociaciones entre el ELN y el Gobierno continúa enmarañada. El Punto 1, que tiene que ver con la participación de la sociedad en la construcción de Paz, a más de año y medio no se concreta porque el Gobierno afirma que esta es una negociación no incluyente de ningún otro actor social que no sean ambas partes y la guerrilla se niega a tener diálogos fallidos y alejados de Colombia.

El ELN dice que tiene la intención de continuar negociando y de acordar otro cese al fuego pero garantizando los mecanismos que hagan que esta vez el objetivo de paz sí sea cumplido. Mientras tanto, Santos suspende el diálogo. Ojalá el Presidente haga honores a su Nobel de Paz.