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En Saravena se realizó el 24 de noviembre la audiencia pública de socialización del proyecto de exploración Berilo Llanos 38 Ecopetrol que afecta los municipios de Saravena y Arauquita, con un total de 19.562 hectáreas y que compromete la despensa alimentaria de la región. A la cita asistieron más de 700 personas para escuchar a funcionarios de Ecopetrol, Corporinoquia, y delegados de los gobiernos municipales y departamentales.

Gracias a la presión de las comunidades de Saravena y Arauquita, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- se vio en la obligación de realizar esta audiencia.

El escenario sirvió para escuchar las intervenciones de funcionarios del Estado y de la comunidad. En el caso de Ecopetrol, el discurso únicamente abordó aspectos técnicos del proyecto que determinaban el número de hectáreas comprometidas en él, la cantidad de agua que se pretende captar, la posible contratación de mano de obra no calificada local y las estrategias de mitigación de impacto ambiental, dejando por fuera los análisis socioeconómicos, étnicos y ambientales importantes.

El proyecto busca convertirse en otro de los focos petroleros de la región, junto a campos como Caño Limón, Chipirón y CariCare, desatando así, como dijo el dirigente social Pedro León Carrillo en su intervención, “que para los estudios científicos que hacen los movimientos ecologistas en Latinoamérica, la simple exploración sísmica es lesiva para los ecosistemas porque los explosivos generan la profundización de las aguas y con ello el secamiento de cuerpos de agua”.

Refiriéndose específicamente a la intervención en Caño Limón, Pedro explicó que la compañía occidental de Colombia instaló una plataforma dentro de la laguna del Lipa, drenó sus aguas y colocó un dique vía, causando impactos nefastos a nivel ambiental, social, económico, étnico y cultural para la región.

La comunidad se manifestó de forma tajante, aplaudiendo cada uno de los argumentos que les daba razón frente a su decisión de no permitir exploración o explotación petrolera. Reafirmaron la vocación agrícola del suelo, temiendo que si se da el permiso de exploración tengan impactos similares a los ocasionados en la desaparecida laguna del Lipa, donde la profundización de las aguas, secó los humedales cercanos, desplazando comunidades y alterando el funcionamiento natural de los ecosistemas.

El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia también se manifestó en la voz de Marcela Cruz, abogada y parte del equipo jurídico quien destacó que “hay elementos jurisprudenciales, legales y constitucionales que le dan la razón al pueblo, y a pesar de que somos conscientes de que las leyes en este país están hechas a favor del capital de las empresas nacionales o extranjeras y no de la gente, también sabemos que la lucha del pueblo ha generado algunos logros históricos en cuanto a legislación. El Estado colombiano ha firmado y ha ratificado convenios sobre cuidado ambiental y desarrollo, uno de ellos es la declaración de Río, que tiene unos principios que ponen por encima del interés económico el cuidado del medio ambiente en relación con la participación de las comunidades”.

Luis Carlos Mejía representante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, expresó que existen históricamente relaciones entre las compañías petroleras, las fuerzas armadas y el paramilitarismo, las cuales han fomentado y justificado masacres, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, expropiaciones, persecución y estigmatización de las comunidades, para consolidar y fortalecer proyectos petroleros. Se refirió específicamente a la masacre de Santo Domingo en la cual murieron 17 personas y resultaron heridas 20 más, hecho que se adjudica a la fuerza aérea colombiana y que se presentó como un falso positivo por casi 18 años. Además recordó el asesinato de tres líderes sindicales y sociales en Saravena y que fueron presentados como muertos en combate, gracias a la estrategia de seguridad democrática del gobierno Uribe, en la que Arauca se convirtió en un laboratorio de guerra conocida como Zonas de Rehabilitación y Consolidación.

Al finalizar la audiencia pública la comunidad fue tajante en la decisión: no quiere proyectos petroleros en su región, por la soberanía del campo y respetando su vocación agrícola, y si es necesario saldrán a defender su postura con movilizaciones sociales en la calle.

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