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participación ambiental

La participación sólo es posible cuando se está en plena libertad, esto es independiente de toda coacción y apremio, especialmente de aquel derivado de las carencias en los derechos básicos de educación, salud y trabajo, escenario opuesto al de los territorios mineros donde el Estado no hace presencia sino solamente en tiempos de elección o concesión.

“Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre.

Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza”

Víctor Hugo

La reciente de la inversión de Emiratos Árabes Unidos de 45 millones de dólares  para el posconflicto y la promesa de inversión de $100 millones más para la explotación minera en Colombia en zona de límite de páramo, revive el antiguo debate entre inversión y “desarrollo”, contra protección ambiental y participación, temas cardinales para abordar las perspectivas de la conservación de recursos naturales en uno de los Estados más mega diversos del mundo[1].

La participación ambiental ¿un concepto reciente?

La Carta Política de 1991 trajo sensibles modificaciones para la concepción del tema ambiental en las agendas públicas, fenómeno derivado especialmente de la vocación de aplicación directa de la constitución y en consecuencia de la posibilidad de hacer efectivos los derechos ambientales con mecanismos judiciales para su protección.

La nueva constitución incorporó una categoría específica de derechos[2] que cataloga como colectivos –pues serían predicables de un grupo determinado de personas, de una pluralidad- estableciendo los procedimientos judiciales de protección ante conculcación o posible vulneración, por la vía de las acciones populares o de grupo, e inclusive por medio de las acciones de tutela ante perjuicios irremediables, graves, urgentes e inminentes de los derechos ambientales[3].

Esta protección además tiene una ligazón interna con el llamado principio democrático, apoyado en la garantía de “injerencia de quienes van a ser afectados con el ejercicio (de las) relaciones de poder, traducidas generalmente en decisiones con incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad[4].

Se trata de la conjugación de dos bases estructurales de la llamada constitución ecológica colombiana[5], a saber: Protección de los derechos ambientales y principio democrático, que se pretenden reunir en los recientes procesos de consulta popular de exploración y explotación de recursos especialmente mineros.

Este debate de nuevo cobra relevancia con la noticia del posible otorgamiento de licencia para el inicio de trabajos cerca a la línea del páramo de Santurbán, catalogado como área de especial importancia ecológica[6] y espacio vital para la conservación y abastecimiento de agua.

Un caso más en Santurbán

Los procesos de consulta popular para la toma de decisiones de otorgamiento de títulos mineros no son recientes en Colombia, se recuerdan las iniciativas ciudadanas de Cajamarca (Tolima) en 2016 para determinar la perspectivas de la mina La Colosa de explotación de oro a cielo abierto; Arbeláez (Cundinamarca) que se concentró en la decisión sobre el inicio de actividades de sísmica, exploración y explotación de hidrocarburos; Pijao (Quindío) convocada para determinar la viabilidad de la explotación minera en su municipio y Sibaté (Cundinamarca) que desde hace varios lustros pretende no solo frenar la explotación de arena a cielo abierto, sino impulsar el cierre de la empresa de Asbesto Eternit, material catalogado como causa probable de cáncer pulmonar y asbestosis[7].

Iniciativas a las que pretende sumarse el proceso de consulta contra el proyecto Soto Norte, operado por la Sociedad Minera de Santander (Minesa) representantes del grupo multinacional Mubadala de Emiratos Árabes Unidos, en el cerro de Santurbán. Es un ecosistema de 150.000 Hectáreas de páramo y lugar de nacimiento de cinco quebradas, 78 lagunas de origen glaciar y el nacimiento de más de 400 riachuelos de agua dulce[8] y que, según el proyecto, busca extraer a partir del año 2021, una cantidad aproximada de 9 millones de onzas de oro, con un proceso  “que usa técnicas de flotación, que no requieren cianuro ni mercurio”[9] según voceros de la firma.

La zona ya ha estado antes en discusión por cuenta del proyecto minero de GreyStar Resources, ahora llamada Eco oro, una empresa canadiense que pretendía efectuar labores de extracción aurífera a cielo abierto por encima de 3 mil metros, la línea base catalogada como de páramo[10].

La intervención en 2016 de la Corte Constitucional prohibió realizar este tipo de trabajos en zona paramuna[11], ocasionando la revocación de la licencia a Grey Star, que ahora demandó al Estado colombiano por supuesta vulneración a sus legítimas expectativas y abuso de posición dominante derivada de una “expropiación  indirecta y desigual” convocando  al Centro  Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI vinculado al Banco Mundial[12]. Este proceso aún en curso.

Ahora con el proyecto de Minesa, la mayoría de los habitantes de la ciudad de Bucaramanga, pretenden frenar el otorgamiento de la licencia ambiental y son el único obstáculo para el inicio de obra en el terreno. Sin embargo, según el ministro de Minas, ya cuenta con la aprobación del plan de obra por la autoridad nacional minera[13].

De manera paralela al anuncio del inminente otorgamiento de la licencia ambiental a Soto Norte, la Corte Constitucional se pronunció por intermedio de la sentencia de tutela T- 361 de 2017 que, al declarar la inconstitucionalidad de la Resolución 2090 de 2014, detiene temporalmente la concesión al reconocer el menoscabo de los principios de participación y precaución ambiental,  argumentando que durante el proceso de delimitación del páramo hecha en el acto demandado: “1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no facilitó ni divulgó el proyecto de la Resolución 2090 de 2014; 2. La participación ciudadana no incluyó a todos los posibles afectados; 3. No se garantizaron “escenarios de participación previos, eficaces y efectivos”, para el logro de un consenso razonado.[14], obligando a dicha autoridad a emitir un nuevo acto administrativo.

De dicha aseveración se extraen de manera clara las falencias de los procesos de decisión sobre los recursos naturales: inexistencia de instituciones y procedimientos específicos claros y concretos de participación, ausencia de procesos de divulgación de proyectos y acceso a la información para las poblaciones afectadas, inexistencia de espacios y opciones de participación o intervención de las comunidades. En suma, la exclusión completa de los habitantes en la toma de decisiones sobre su territorio.

Así las cosas, si se sostiene que la participación ciudadana es herramienta adecuada para ejercer control de la disposición, explotación y conservación de los recursos naturales en Colombia, entonces ¿qué tipo de participación es la requerida?

La participación sólo es posible cuando se está en plena libertad, esto es independiente de toda coacción y apremio, especialmente de aquel derivado de las carencias en los derechos básicos de educación, salud y trabajo, escenario opuesto al de los territorios mineros donde el Estado no hace presencia[15] sino solamente en tiempos de elección o concesión.

La participación ambiental como mecanismo de efectividad del principio democrático Constitucional, no se concreta en una marcha de protesta o en el depósito de un voto afirmativo o negativo, esta forma de expresión es solo una de las fases de su ejercicio. La participación requiere no solamente una manifestación limitada de voluntad del ciudadano, sino que demanda de un aparato institucional fortalecido, de espacios efectivos y de un proceso fiable de divulgación, capacitación y veeduría de la decisión tomada en consenso, de otra manera su ejercicio es solo un pálido saludo a la bandera.

 

NOTAS

[1] Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, un organismo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente https://www.unenvironment.org/

[2] Constitución Política de Colombia Titulo II Capítulo 3. Arts. 78-82.

[3] Véase definición del concepto en Corte Constitucional  Sentencias T-111 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub reiterando en Sentencia T-225 de 1993 M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

[4] Corte Constitucional Sentencia T-235 de 1998. Dr. Fabio Morón Díaz.

[5] Véase Óscar Darío Amaya Navas. La Constitución Ecológica de Colombia (3ra Edición) U. Externado de Colombia. 2016. Pág. 149 y s.s.

[6]  Tal categoría implica : (i) un principio interpretativo de obligatoria observancia cuando se está frente a la aplicación e interpretación de normas que afecten dichas áreas de especial importancia y (ii) otorga a los individuos el derecho a disfrutar – pasivamente – de tales áreas, así como a que su integridad no se menoscabe”. Corte Constitucional, Sentencia T-666 de 2002.

[7] Ver https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/asbesto.html

[8] La relación está claramente descrita en el documental de Carlos Barriga “Santurbán: lo que la tierra no perdona”. Universidad Nacional de Colombia. 2013.

[9] Entrevista de Portafolio a Darren Bowden, presidente de Minesa. Noviembre 15 de 2017.

[10]Ver cartografía de los páramos en la cordillera oriental en  www.humboldt.org.co

[11] Corte Constitucional Sentencia T-035 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

[12] Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia (ICSID Case No. ARB/16/41) https://icsid.worldbank.org

[13] Proyecto minero en Santurbán sigue en marcha”: MinMinas. Martes 14 de Noviembre de 2017. Portal Vanguardia.com http://www.vanguardia.com.

[14] Corte Constitucional Sentencia T-361 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos

[15] Ver interesante informe en Camila Osorio. “Los poderes detrás del páramo de Santurbán”. En Portal de análisis La silla vacía. · 09 De Marzo De 2011.