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Para el propio Banco Mundial que orienta e impone las políticas en nuestro país, Colombia ostenta el deshonroso récord como el segundo país más desigual en América Latina después de Haití. Lo más preocupante de esta tendencia profundizada por el modelo económico neoliberal y fomentada por la ficción de la libre empresa, es que somete a los más de 23 millones de desposeídos de la Población Económicamente Activa, PEA, a perpetuar la venta de su fuerza de trabajo en condiciones de mayor explotación y depauperización por sus precarios ingresos.

Esta situación se ha ahondado por el incremento de la informalidad laboral y la política salarial que contrae el valor real de los salarios ubicando a Colombia en el puesto 14 entre 19 países con el salario mínimo más bajo en América Latina.

La política diseñada por los organismos financieros internacionales e implementada por la clase dominante desde el Gobierno y los poderosos gremios económicos ha tenido como tarea, durante los últimos treinta años, institucionalizar bajos ingresos para los asalariados al impedir una real negociación de estos con la farsa de una concertación que tradicionalmente se celebra por estas épocas decembrinas, donde el Gobierno termina decretando los miserables incrementos de un salario mínimo, que a todas luces es un ingreso que no permite satisfacer dignamente las necesidades de más del 50% de los trabajadores colombianos y sus familias. En muchas ocasiones, como es el caso de las zonas rurales, ni siquiera se reconoce el pago del mínimo y de allí derivan los altos índices de pobreza.

En las últimas décadas la pérdida del poder adquisitivo de los salarios puede ser superior al 20% agudizada por el lastre del desempleo, la informalidad laboral del 58% y la deslaboralización de la relación entre el capital y el trabajo. A pesar del reclamo de los sectores organizados de los trabajadores y de la CUT para proteger los salarios del alto costo de vida, el Gobierno persiste en manipular los indicadores estadísticos con el propósito de impedir incrementos reales e insiste en ligarlos a la inflación proyectada por el DANE y el Banco de la República que establecen metas ficticias de inflación entre el 2 y 4%; y, después de años de incumplimiento, pareciera que por fin llegarán a ser realidad al someter a la economía colombiana a una recesión y crisis generalizada por la que se transitará en 2018; crisis que los empresarios buscarán sufragar a costa del sacrificio de los ya paupérrimos ingresos de los trabajadores.

Podemos entender por qué los impuestos en Colombia no están dirigidos a quienes concentran la riqueza y son los sectores privilegiados, como es el financiero que obtiene ganancias que incrementan al 23% anual y que le representaron, sólo a Luis Carlos Sarmiento dueño del grupo AVAL, 4 billones de pesos en ganancias en 2016. Como resultado de este análisis, en la actual discusión del salario mínimo, la CUT reclama un incremento del 12%.

No extraña que los centros de investigación empresarial como Fedesarrollo y la ANIF propongan salarios mínimos diferenciados regionalmente de acuerdo con el nivel de desarrollo y pobreza de las regiones, buscando perpetuar el ciclo de marginalidad de regiones abandonadas por el Estado como son La Guajira, el Pacífico, los antiguos territorios nacionales.

Esta propuesta en época decembrina sería un nuevo regalo navideño para el sector privado que no ha quedado satisfecho aún con las contrarreformas laborales ya implementadas, por ejemplo, la reforma tributaria con el incremento del IVA al 19% que ha generado en lo corrido de este año, una reducción de más del 6% del consumo de la mayoría de las familias colombianas, produciendo otro ciclo de recesión económica.

Frente a esta cruda realidad afirmamos con toda convicción que serán la movilización y el ejercicio de la protesta social el camino para recuperar los ingresos y el respeto a un trabajo digno, porque en el actual debate del salario mínimo no avizoramos resultados positivos para los trabajadores de más bajos ingresos; en esta tragicomedia en que se ha convertido la mesa de concertación tripartita de las políticas salariales y laborales, no encontramos eco a los justos reclamos de los trabajadores. Tendríamos que recibir del gobierno de Santos y su ministro de Hacienda como regalo navideño, el decreto unilateral con un miserable incremento.

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