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Tras una maratónica jornada, que duró alrededor de doce horas, la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó este lunes los 163 artículos del proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto.

Esta iniciativa fija las reglas con las que serán juzgados excombatientes y militares que hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en medio del conflicto.

La aprobación se dio en una sesión que tuvo episodios de tensión entre algunos representantes a la Cámara, especialmente del Centro Democrático y de Alianza Verde, pero en la que las mayorías acompañaron al Gobierno en este propósito.

Precisamente el ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que con este paso se cumple “el ochenta por ciento” de la estrategia del Gobierno en el remate del procedimiento legislativo especial conocido como fast track, el cual se vence el jueves.

La principal conclusión de la jornada de este lunes fue que la participación en política de los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el tema más polémico de la justicia para los actores del conflicto armado y que fue atacado por distintos sectores, quedó a salvo.

En una corta discusión, que no tomó más de una hora, la Cámara determinó que los excombatientes podrán ser elegidos al Congreso, posesionarse y mantenerse en sus curules, cumpliendo algunas condiciones.

Desde que fue acordado este punto entre las delegaciones del Gobierno y de las Farc, en La Habana, el asunto había levantado polvareda entre varios partidos políticos.

Aunque expertos han dicho reiteradamente que la participación en política de los excombatientes que se sometan a un proceso de paz es uno de los imperativos, en Colombia hubo varias voces que se levantaron en contra.

El uribismo, principal opositor al acuerdo de paz, trató de introducir obstáculos a esta posibilidad de muchas maneras.

Incluso, uno de los referendos que está impulsando el Centro Democrático para modificar lo acordado en Cuba está enfocado en limitar la participación en política de quienes dejaron las armas y decidieron tomar el camino de la democracia.

A estas voces se sumaron sectores de Cambio Radical y del Partido Conservador.

Pese a estos vientos en contra, el Gobierno logró que las mayorías de la Cámara de Representantes apoyaran esta posibilidad, y la prueba de ello fue la aplastante votación a favor: 88 votos por el sí y 7 por el no.

De acuerdo con el artículo 31 del texto estudiado este lunes en Cámara, las condenas que tengan los exguerrilleros quedarán “suspendidas” para que los que así lo deseen puedan inscribir sus nombres para participar en las elecciones.

Según lo pactado en La Habana, los exintegrantes de las Farc tendrán derecho a cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, por dos periodos.

Para posesionarse como congresistas, “la presidencia de la JEP certificará” que “el candidato elegido ha iniciado su respectivo trámite” en ella, el cual consiste en acogerse al sistema y entregar verdad sobre los hechos del conflicto.

Si los exintegrantes de las Farc son condenados mientras ejercen sus curules, deberán dejarlas en caso de que sus penas sean privativas de la libertad y deban cumplirse en establecimientos penitenciarios. Y si solo son restrictivas, la JEP definirá si el castigo es incompatible con su labor en el Congreso.

Adicionalmente a esto, se aprobó que los exguerrilleros que hayan cometido delitos sexuales contra menores serán sancionados con los castigos del Código Penal y que el único fuero que no estará en la órbita de la JEP será el del Presidente de la República.

El proyecto debe superar su prueba final en el Congreso, que es la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara. Luego de esto, deberá ir a estudio de la Corte Constitucional para ser sancionado por el Presidente de la República.