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El Programa de Alimentación Escolar (PAE) sigue en crisis por culpa de la corrupción y la falta de capacidad de los líderes políticos para impulsar una reforma que solucione el problema de raíz. Ideado para solucionar la necesidad de alimentar a los menores de edad en las escuelas del país, se ha convertido en foco de burocracias perversas que se roban el dinero público y proveen alimentos deficientes a los estudiantes.

Recientemente, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía publicaron avances en las investigaciones por lo que ha ocurrido con los PAE del país. Como contó El Espectador, 78 contratistas están en la mira de las autoridades, 93 personas han sido capturadas y se busca desarticular un modelo que sobrefactura los alimentos y no ha entregado cerca de 32 millones de raciones.

La Contraloría, por ejemplo, explica una de las modalidades del robo al Estado y a los niños del país. En su reporte hay pechugas de pollo que valen $7.000, pero se cobraron a $40.000, y un kilo de carne de $11.000 se cobró en $25.000.

Según Blu Radio, la Fiscalía tiene pruebas de que en la ejecución del PAE de Santander hubo un contrato por $100 millones que fue totalmente ficticio. Esto, en el marco de un detrimento al PAE en ese departamento por un monto de $2.000 millones, cifra que puede aumentar a medida que continúen las investigaciones y se observe con detalle la ejecución de los contratos a lo largo del año. Por estos hechos, ayer fue capturado León Medina Monsalve, interventor del contrato del PAE en Santander, acusado de no haber realizado la vigilancia adecuada.

Lo más frustrante es que el Ministerio de Educación ha reconocido que no cuenta con la capacidad institucional para solucionar de raíz el problema y que estamos en mora de una reforma ambiciosa. Es decir que, en plena época electoral, es probable que el problema no se solucione con la urgencia que requiere, dado que los líderes políticos tienen otras prioridades.

Ver lo que ha ocurrido con el PAE es una radiografía de las peores formas de corrupción en Colombia. Tiene a todos los personajes habituales de la historia opaca del país en el mismo paquete: un Estado sobrepasado en sus capacidades, redes regionales que aprovechan la confusión para robar recursos, niños afectados por la ausencia de alimentos o por tener que conformarse con comida inadecuada nutricionalmente, miles de millones de pesos desperdiciados y un problema que persiste.

La actuación de las autoridades de control es de celebrar, pero se siente como paños de agua tibia ante una enfermedad muy compleja. Aunque la propuesta sobre la mesa es buscar la centralización de los recursos del PAE y su administración, no sobra preguntarse: ¿de verdad la solución es siempre quitarles autonomía a las regiones? ¿No hay otras formas de empezar a crear cultura anticorrupción en lo local? ¿Qué garantiza, además, que el centro sea un mejor fiscalizador de los recursos?

Lo cruel, por supuesto, es que quienes sufren son los niños de Colombia, su nutrición, su educación y el futuro del país. Es inaceptable que no podamos encontrar soluciones a largo plazo para algo tan esencial.

 

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