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En enero de 2002, antes de las elecciones presidenciales y en la agonía de la administración de Andrés Pastrana Arango, nadie daba un centavo por la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Las encuestas le asignaban entre el 3 y el 5 por ciento de respaldo. Sin embargo, todo cambió en febrero del mismo año cuando se dio la ruptura de los diálogos del Caguán y en el país cundió el pesimismo frente a la paz, orquestado por los grandes medios de comunicación que alentaban la guerra y el combate a muerte contra las FARC.

Jean Arnault, jefe de la misión de la ONU para la reincorporación dio un balance con cifras alarmantes sobre el proceso que se viene adelantando con los integrantes de la entonces guerrilla FARC para que se dé el tránsito a la sociedad civil. Arnault expresó que tan solo hay un 45% de los excombatientes en las zonas de reincorporación y que todavía no existe un plan marco para la reincorporación.

Fenómenos que para Arnault “no se puede eclipsar” sobre todo si se tiene en cuenta que para mayo de este año eran 8.000 los guerrilleros que se encontraban en las zonas veredales, en las que actualmente hay menos de 5.000, y agregó que pese a que hay razones para salir de estos lugares como los motivos personales y familiares, la realidad es que el motivo más grande ha sido la falta de credibilidad en el gobierno.

 

Con el sol, desde los cafetales se ven los techos de zinc deslumbrantes y las casas de ladrillo desperdigadas sobre la montaña en el barrio La Sierra, comuna 8 de Medellín. Los cultivos están en el mismo barrio, en su parte alta, pero desde hace cuatro años los campesinos han dejado de voltear la vista hacia abajo, como lo hacían cada vez que se desataba el traqueteo de los fusiles. Ahora se pueden concentrar exclusivamente en la recolección de sus granos.

Fue Dalton Scott, un cineasta estadounidense, el que imprimió la imagen con la cual el común de la gente asocia a La Sierra. En 2005, cuando se emitió su documental, Colombia y el mundo comenzaron a

 

Una de las cuestiones más complejas que tiende a convertirse en asunto central de la política colombiana en este período histórico, o sea más allá de la coyuntura inmediata de unos acuerdos de paz y su truncado desarrollo, es la relativa a la justicia de transición o Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), adoptada en el proceso de negociación política del conflicto armado entre el régimen dominante y las Farc. Dadas sus características, algunos han planteado que se trata más de una justicia transaccional por quienes la pactaron, sin participación social; por cómo la hicieron y por sus beneficiarios prioritarios.

Sobre ese eje implantado en la dinámica de reinstitucionalización, el pasado 14 de noviembre se produjo la Sentencia de la Corte Constitucional que declara exequible el Acto Legislativo o la reforma que incrusta en el tronco del

 

Hace un mes, aproximadamente, la Agencia de Prensa Análisis Urbano anunciaba: La comuna 16 está en manos de la Alianza Criminal del Norte, lo que llevaría a que la confrontación armada bajara en intensidad o cesara definitivamente. Igualmente, conocimos que la institucionalidad seguiría realizando el Plan de Intervención en la parte alta de la comuna 16 (Belén), y obviamente eso incluía a Zafra, Los Alpinos, Sucre, Cantarranas y al corregimiento de Altavista.

Sin embargo, a pesar de la presencia institucional, los efectos de la guerra urbana que se venían viviendo no han cesado.